Un análisis del Instituto del Agua de la UCCuyo aborda el desafío de conciliar la valoración económica del recurso hídrico con su condición de derecho humano y elemento esencial para la biodiversidad.

El agua posee un valor incalculable para la vida, pero su creciente escasez también la ha incorporado a distintas formas de valoración económica. Frente a esta dualidad, el Prof. Ing. Luis F. Jiménez, director del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, analiza cómo pueden utilizarse los instrumentos de mercado sin comprometer los derechos fundamentales ni el equilibrio de los ecosistemas.

Según el artículo técnico elaborado por el especialista, el valor económico anual del agua y de los ecosistemas de agua dulce se estima globalmente en 58 billones de dólares, una cifra equivalente a aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto mundial.

Sin embargo, este cálculo no representa el valor biológico del agua, que es insustituible, sino los servicios vinculados con su disponibilidad y gestión: los derechos de aprovechamiento, la construcción y el mantenimiento de infraestructura, el saneamiento, la distribución y los costos derivados de su escasez.

Una paradoja que continúa vigente

La relación entre el valor de uso y el valor de cambio fue planteada por Adam Smith mediante la conocida “paradoja del agua y el diamante”. Mientras el agua resulta indispensable para sobrevivir, históricamente tuvo un precio menor que otros bienes prescindibles.

En la actualidad, la sobreexplotación, la contaminación y la variabilidad climática han incrementado la presión sobre los recursos hídricos. Esta situación obliga a desarrollar mecanismos que permitan promover un uso más eficiente, sin convertir el acceso básico al agua en una mercancía.

Priorizar el consumo humano y los ecosistemas

El documento propone establecer una clara jerarquía de usos. En primer lugar, deben garantizarse el consumo humano básico y el caudal ecológico necesario para conservar la biodiversidad y la capacidad de recuperación de los ecosistemas.

Estos usos constituyen un piso social y ambiental que debe permanecer protegido de la especulación y de las reglas puras de oferta y demanda.

Una vez aseguradas esas necesidades esenciales, los volúmenes destinados a actividades productivas pueden incorporarse a sistemas de regulación económica, como concesiones, cánones o transferencias de derechos. El objetivo es desalentar el derroche y mejorar la productividad del agua en sectores como la agricultura y la industria.

Valorar todos los aportes del agua

Para integrar las dimensiones ambiental, social y económica, el análisis incorpora el concepto de Valoración Económica Total. Esta metodología contempla:

• El uso directo del agua para el consumo humano, el riego, la industria y la generación hidroeléctrica.
• Los beneficios indirectos, como la recarga de acuíferos, la regulación del clima y la depuración natural.
• Su valor de existencia y conservación para las generaciones futuras.

Desde esta perspectiva, las tarifas, los cánones, los pagos por servicios ambientales, los fondos de cuenca y la inversión pública pueden actuar como herramientas para financiar infraestructura, innovación tecnológica y protección ambiental.

La economía como instrumento de conservación

Conciliar el valor vital del agua con su dimensión económica no significa ponerle un precio a la vida. Implica utilizar las herramientas económicas para reconocer la fragilidad del recurso, orientar inversiones y promover una gestión más responsable.

El principal desafío es lograr que los instrumentos financieros contribuyan a la conservación, mientras las instituciones garantizan de manera irrenunciable el acceso humano y la preservación de los ecosistemas.

El documento fue elaborado en el ámbito del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo.